Fundación Ideas para el progreso

El autor analiza la necesidad y modos de mejorar los instrumentos de participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones por parte de las instituciones y partidos políticos.

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A principios del mes de septiembre, y siendo consciente que el empleo va a seguir siendo el factor de mayor peso en la balanza electoral del próximo 20 de noviembre, podíamos escuchar a Esteban González Pons afirmar categóricamente que el PP se disponía a crear 3,5 millones de puestos de trabajo en esta legislatura. El descrédito generalizado que esa propuesta obtuvo del conjunto de los agentes sociales y económicos de nuestro país, y su consiguiente revuelo mediático, hizo que el Partido Popular matizara dicha afirmación aunque el hecho de que se produjera nos debe llevar a una revisión profunda de la ligereza, con la que a veces, se realizan las promesas electorales y las consecuencias que esa actitud tiene en el crédito del conjunto de la política.

Una campaña basada en propuestas es una campaña democráticamente sana. Cuando faltan las ideas o éstas no son lo suficientemente movilizadoras las campañas, a veces incluso las legislaturas completas, se convierten en una ida y vuelta de un ruido que ensombrece la grandeza del servicio público. Y precisamente por conclusiones como éstas los políticos, los candidatos, tenemos que ser especialmente escrupulosos en la medición de hasta dónde podemos llegar o hasta dónde nos podemos comprometer porque, sin duda alguna, es el cumplimiento o no de los programas uno de los focos de mayor desafección (e ilusión, en términos positivos) de la ciudadanía hacia los partidos. Buena prueba de ello es que la retirada de las tropas de Irak supuso un hito en la popularidad de un Gobierno respecto de los electores que le habían aupado al poder, por su complejidad, pero también por su inmediatez.

Es un hecho, que en la sociedad de la tecnología, la información y el conocimiento, la capacidad de la ciudadanía de valorar las decisiones políticas y de conformar, con ello, una opinión autónoma se ha visto profundamente acelerada. Las reacciones que antes se producían a los días de conocer una determinada decisión y se trasladaban a través de cartas o comunicados a los medios por colectivos u organizaciones sectoriales, hoy se producen de manera inmediata, a través de las redes sociales, y de forma directa a los responsables de tomar determinadas decisiones. Todo ello, hace que nos marquemos como un reto irrenunciable mejorar los instrumentos de participación en relación con los procesos de elaboración de los programas, la transparencia de su ejecución y, sobre todo, la necesidad de una constante explicación.

Es verdad que en épocas de crisis económica siempre se ha producido un desapego de la ciudadanía hacia los representantes políticos. En la actual recesión que nos golpea, estos índices se han disparado como nunca por la magnitud de sus consecuencias en el bienestar de la gente que no la ha provocado, por la percepción colectiva de que la política (el poder de los ciudadanos) se está viendo indefensa ante el poder de los mercados en la gestión de la salida de la misma. Y además, en mi opinión, por las normas de la política actual impuestas por las reglas de la comunicación donde sólo parece caber el rifirrafe de la sesión de control de turno o el debate indirecto y superficial de las comparecencias de prensa. Hay debates de fondo, de gran altura y de prestigio que se realizan en distintos ámbitos de la política que pasan desapercibidos por los ciudadanos. Y cuando a la política le quitas el fondo sólo parece quedar el folclore y ello nos conduce al descrédito y a la abstención.

Por todo ello, nos encontramos con un incremento de la demanda ciudadana de participar en la vida pública aún sin militar en los partidos o agentes políticos tradicionales. Un debate en el que nos sentimos cómodos como socialistas ya que hemos sido pioneros en dar cauce a la inquietud ciudadana. Así, por ejemplo, establecimos los presupuestos participativos en el ámbito municipal aunque hoy día está iniciativa se vea desbordada en la demanda ciudadana de participación y sean necesarios nuevos instrumentos como la creación del escaño ciudadano, la modificación de la iniciativa popular para permitir el debate institucional, también a los ciudadanos que llevan una propuesta determinada y, en definitiva, recorrer todos los caminos que nos lleven, a los que algunos expertos, han denominado una democracia 2.0. 

En este sentido, ¿cómo podría garantizarse el mejor cumplimiento de los programas electorales? Tanto desde los gobiernos como desde los partidos es posible aumentar los canales de permeabilidad bidireccional con la sociedad. El aumento de la transparencia genera más conciencia crítica y, de ahí, un mayor temple en la adopción de medidas. En los pequeños municipios, los alcaldes cuidan mucho las medidas a las que pueden comprometerse en un programa electoral, porque el contacto con el vecino es directo y por tanto su responsabilidad es también directa. Por tanto, la clave puede estar en trasformar nuestro parlamentarismo constituyendo circunscripciones más pequeñas (no sólo por cuestiones de pluralismo sino para aumentar nexos entre representante y representado) aumentado la responsabilidad directa del parlamentario con sus ciudadanos –el modelo anglosajón- e incluso abriendo la posibilidad de no bloquear las listas electorales para darle un mayor margen al ciudadano a la hora de votar, no sólo a determinados partidos, sino también a personas concretas.  O, por ejemplo, en Portugal, la confianza parlamentaria se otorga a un programa determinado que antes se ha dado a conocer a los ciudadanos.

Por otro lado, no debemos irnos al extremo, por ejemplo, de exigir un cumplimiento objetivo, mecánico y frío del programa (no podemos privar a un gobierno de su capacidad para la dirección política) sino que se debe dar margen para conjugar el cumplimiento de un programa con la coyuntura social y económica. Hablamos pues, y fundamentalmente, de mejorar los instrumentos de transparencia en la toma de decisiones, que se conozca el cumplimiento del programa y, llegado el caso de separarse del mismo, que se conozcan las causas últimas que han llevado a tomar direcciones alternativas. La ciudadanía de hoy reclama, por tanto, conocer las causas por las que se toman las decisiones, las opciones que se han desechado para elegir una concreta y reclama, en última instancia, participar o influir en el camino adoptado.

Por último, es de vital importancia actualizar las dinámicas de los propios partidos en todos sus niveles orgánicos. La ciudadanía debe tener en el nivel local, de una formación política, un cauce de denuncia, de demanda y de formulación de inquietudes y esto debe acompañarse de una formación adecuada de la estructura local para recopilar esa visión ciudadana y ser también un motor de generación de ideas, un gran think-tank de los ciudadanos próximos a un proyecto que desean mejorar y ver ganador, motivo por el que se acerquen a opinar, sabiendo que serán no sólo tenidos en cuenta, si no, en cierta medida, codecisores.