Instituto Pablo Iglesias

Artículo de análisis de la transición, iniciada en 2003 con la llegada al poder de Lula da Silva, que está viviendo el continente latinoamericano, impulsada por los gobiernos progresistas de la región.

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Tres décadas separan la puesta en marcha, por la Dictadura de Pinochet en 1973, de la primera experiencia neoliberal y la llegada a la Presidencia de Brasil de Ignacio (Lula) da Silva en 2003, dando inicio a una serie de triunfos electorales de partidos y movimientos progresistas. Los gobiernos progresistas de América Latina, más allá de sus diferencias, tienen como denominador común el objetivo implícito y explícito de oponerse a las recetas neoliberales caracterizadas por planes de ajuste estructural (PAE), contemplados en el Consenso de Washington, y marcar como objetivo del conjunto de la sociedad la lucha contra la pobreza y la injusticia social, apostando por un papel activo del Estado en el desarrollo económico y la vertebración de la sociedad.

Si bien la herencia recibida tras la etapa neoliberal era muy negativa en lo político –estados débiles, democracias devaluadas, corrupción generalizada–, en lo económico –economías vulnerables, ínfimo crecimiento económico, elevada deuda, falta de competitividad, destrucción del tejido productivo, fundamentalmente las pymes, crecimiento del sector informal–, y en lo social –elevados niveles de pobreza, exclusión e inequidad, aumento de la brecha entre ricos y pobres, hundimiento de las clases medias–, también tenía elementos muy positivos –control de la inflación, equilibrio fiscal y un auge en las exportaciones–.

Los gobiernos progresistas no se propusieron un regreso a las políticas nacionalistas, basadas en la sustitución de importaciones por industria (ISI) que se aplicaron a mediados del siglo pasado. De forma original e inteligente, buscan equilibrar las políticas macroeconómicas con políticas neo-keynesianas.

La matriz del crecimiento económico de la etapa neoliberal basada en la captación de capitales y la exportación de commodites, obtenidos a través de un sistema asentado en la extracción de los recursos mineros, energéticos y agroalimentarios, se mantiene con los gobiernos progresistas, aunque de una forma muy distinta.

Se puede decir que hay un neo-extractivismo en el que el Estado desempeña un papel fundamental, renegociando, directamente y a través de entidades y empresas públicas, los contratos de explotación y comercialización, elevando las regalías y los tributos, aumentando su participación en el excedente.

A corto plazo, estos nuevos ingresos permiten una más justa redistribución de las rentas y financiar las políticas sociales, luchar contra la pobreza, la exclusión y la inequidad, potenciando la capacidad de consumo, e incorporando a millones de ciudadanas y ciudadanos al bienestar social. Surge así un nuevo elemento, clave en la transición, que se incorpora y transforma la matriz original del crecimiento: el consumo interno.

La captación de excedentes desempeña otro papel, a más largo plazo. El riesgo de una economía basada en la exportación de commodites radica en la enorme dependencia de los mercados internacionales que fijan sus precios. Por esta razón, se apuesta por una industria con alto valor añadido y competitiva, que, con el tiempo, vaya sustituyendo a los productos primarios y poco elaborados. Para ello se está fomentando las empresas de sectores estratégicos, los centros de I+D y, sobre todo, se está invirtiendo en el enorme potencial que tiene su capital humano.

Si bien, este proceso generó algunas crisis con las grandes empresas implicadas, que salvo algunas excepciones, aceptaron las nuevas condiciones. Los mayores conflictos se dieron en su propia base social. En todos los países se produjeron movilizaciones de ambientalistas, campesinos o poblaciones autóctonas contra enclaves productivos o nuevas infraestructuras.

Otro elemento de la transición es la regionalización. En los últimos años, asistimos a un profundo cambio en las relaciones internacionales. El unilateralismo surgido después de la caída del Muro de Berlín acabó al tiempo que finalizaba el mandato de la Administración Bush. Ahora, el Gobierno de Obama, enfrentado a los obstáculos que sistemáticamente le ponen los republicanos en el plano legislativo, sigue sin ser capaz de superar la herencia recibida, un país empantanado en Afganistán, y hundido en la crisis económica que comenzó con la quiebra de Lehman Brothers y se extendió a todo el mundo. Por su parte, Europa sigue obcecada en políticas de ajuste, prolongando la crisis, mientras destruye el Estado de Bienestar, que fue una de sus principales bazas competitivas. Japón, que llevaba años tratando de recuperarse de la crisis provocada por las burbujas inmobiliarias y bursátiles en los noventa, suma ahora a sus dificultades las secuelas del terremoto y el tsunami del 2011, que han puesto en tela de juicio el uso de la energía nuclear. En este contexto, surgen en el escenario internacional nuevos actores, países emergentes, hasta ahora marginados, que se transforman en potencias, y exigen un lugar en los centros de decisión, en las instituciones internacionales y en los mercados. El mundo camina hacia la multipolaridad.

En los años noventa, con la aparición del fenómeno de la globalización, se dio impulso a experiencia de acuerdos subregionales, o surgieron nuevas iniciativas. Cabe destacar, en este sentido, el Pacto Andino y el Mercosur. Los gobiernos progresistas, conscientes de la oportunidad que supone la multipolaridad para transformarse en uno de los polos de decisión, apuestan por construir, sobre la base de las instituciones regionales ya existentes, la Unión de Naciones del Sur (UNASUR). A diferencia de las experiencias anteriores, se parte del acuerdo político, desde el que se construye y se articulan el resto de acuerdos: económicos, financieros, energéticos, en infraestructuras, en políticas educativas, políticas sociales, seguridad alimentaria, defensa común, etc.

Los retos que tiene América Latina son enormes y apasionantes, juega a su favor un continente cuyo suelo contiene un gran potencial de recursos naturales, también tiene un enorme potencial su capital humano y cuenta la experiencia adquirida en estos años y la voluntad de avanzar construyendo el cambio, pero el contexto internacional está plagado de incertidumbres y amenazas. En menos de diez años, la región ha vivido una transición rápida, profunda y larga, cuyo desenlace es hoy imprevisible. No obstante queda claro que este proceso se basa en la supremacía de la política, en el papel que desempeña el Estado, en la apuesta por continuar consolidando su espacio en la escena internacional y asumir como prioritario el objetivo de luchar contra la pobreza y el compromiso de alcanzar niveles cada vez más altos de igualdad de oportunidades y derechos, y de justicia social.