Instituto Pablo Iglesias

El autor analiza las reacciones internacionales a la ruptura del orden democrático en Paraguay, y argumenta por qué no hay que reconocer a su nuevo gobierno.

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La “Declaración de los Estados partes del Mercosur y Estados asociados sobre la ruptura del orden democrático en Paraguay” expone que: “de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur suscrito el 24 de julio de 1998, la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo del proceso de integración”, y el punto 1 de las decisiones que acuerdan dice: “1.-Expresar su más enérgica condena a la ruptura del orden democrático acaecido en la República del Paraguay, por no haberse respetado el debido proceso.”

La Declaración ha sido firmada por Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Se trata de nueve de los 11 países que, sin contar a Paraguay, integran también la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur); los otros dos son Guyana y Surinam, lo que anticipa cuál va a ser la postura de este organismo, que celebrará una reunión extraordinaria en Lima para analizar la situación de Paraguay.

Esta declaración firmada por la gran mayoría de los países centra la condena en la ruptura del orden democrático, porque desde el jueves, día en que se propuso el juicio político al Presidente Fernando Lugo, se han escuchado muy diversas calificaciones en las declaraciones de condena. Desde “golpe de “Estado”, “golpe a la democracia”, “golpe institucional”, “golpe express”, “golpe de la burguesía paraguaya”, hasta quienes han lamentado el modo en el que se llegó a la remoción y la falta de garantías y del debido respeto del proceso. Lo importante no son las palabras de la condena, sino la gravedad que se imputa a la iniciativa del juicio, al objetivo que perseguía y a las formas en que se hizo. La postura adoptada ante lo ocurrido refleja el concepto de democracia que se tiene.

Vivimos en un mundo globalizado, de complejas relaciones internacionales, donde Estados Unidos pierde hegemonía, pero no termina de conformarse un sistema multipolar. En el mundo al que llamábamos occidental, Estados Unidos sigue empantanado en la herencia de Bush hijo, y sin capacidad de maniobra por el enfrentamiento entre la administración Obama y los republicanos, abanderados del neoliberalismo, creciendo con fuerza desde hace un tiempo en su seno una corriente populista de ultraderecha, el Tea Party. Mientras, en una Europa aferrada a las recetas neoliberales de ajuste estructural, surge potente una alternativa liderada por el Presidente Hollande, que suma países y es referente de los progresistas que están en la oposición. Frente a las viejas recetas neoliberales, ineficaces para generar riqueza social y bienestar a los ciudadanos, este proceso ya es imparable.

En América Latina después de casi 30 años de recetas neoliberales y más de 10 con planes de ajuste estructural contenidos en el “Consenso de Washington”, a partir de 2003 con la asunción de Lula como Presidente de Brasil, se inicia un proceso donde candidatos progresistas llegan al gobierno. Es un grupo heterogéneo que tiene en común la oposición al neoliberalismo, que apuesta por la lucha contra la pobreza y por una política soberana. Trazaron una senda donde, respetando la disciplina macroeconómica, el crecimiento económico estuvo acompañado de políticas redistributivas que han permitido importantes avances sociales, reduciendo los niveles de pobreza, exclusión e iniquidad. Aún queda mucho por hacer, pero lo logrado no hubiera sido posible sin darle a la política un papel protagonista y al otorgando al Estado su función en la asignación de los recursos creados. Ello implica una redefinición de la democracia. También en Europa, con sus características propias, con procesos diferentes, puesto que ya ha recorrido un largo camino, la política, los Estados y la democracia volverán a tener necesariamente un papel relevante. 

Entre las décadas de los ochenta y los noventa surge con fuerza una corriente de pensamiento que se denominó “transitología” que, junto al “Consenso de Washington” marcó un nuevo paradigma global. En América Latina, esta corriente de pensamiento, en poco tiempo, relegó al museo de la historia el debate entre reforma o revolución, y se hizo hegemónica en un momento histórico de transiciones, primero de las dictaduras a regímenes de corte democrático liberal que fracasaron debido al peso de la deuda externa heredada, y después la transición de estos a gobiernos neoliberales. Esta corriente redujo la cuestión de la democracia a la resolución de tan solo dos cuestiones: primero, cómo se gobierna la sociedad y, segundo, cómo se relaciona la ciudadanía con el Estado. La “transitología” es una teoría unívoca y restringida de la democracia que la reduce a las reglas de juego de la democracia política y representativa.

Hoy, los neoliberales y sus distintas corrientes siguen manteniendo esta escuela. Pero en América Latina, con las políticas de descentralización del Estado, llegan a las administraciones periféricas, ayuntamientos, gobiernos provinciales y hasta estaduales, opciones progresistas, que experimentan otra política. Ello resquebraja el discurso hegemónico y comienza a tomar fuerza la necesidad de incorporar a la definición de democracia otra serie de elementos en lo económico, lo social, lo participativo y lo cultural. Surgen nuevas corrientes como la neo- socialdemócrata, el pensamiento crítico, la culturalista, entre otras, que inspiran a los gobiernos progresistas de la mayoría de países sudamericanos que aparecen en escena a partir de 2003.

Estamos ante una nueva transición protagonizada por las mayorías sociales excluidas durante la etapa neoliberal, que no se conforman con una democracia reducida a lo político electoral. Los gobiernos progresistas apuestan en su agenda por sumar a la democracia representativa, la democracia social que dé soluciones a sus históricos y endémicos problemas sociales como la pobreza y la inequidad, y sumar también una democracia participativa que brinde espacios para el ejercicio del poder desde la ciudadanía. El pueblo paraguayo optó democráticamente por esta hoja de ruta que hoy le arrebatan los de siempre.

Entre las prioridades de la gestión de Lugo estaba, por una parte, apostar por la calidad democrática de un país gobernado, durante 61 años, por un solo partido, a través de la pluralidad en la composición del gabinete, la transparencia en la gestión pública y la participación ciudadana. Por otra, en el plano económico, su administración consiguió que Brasil aumentara el pago de la energía que importa desde Paraguay y, además, apostó por mejorar las infraestructuras necesarias para su desarrollo, como la represa de Yacyretá, administrada por Paraguay y Argentina. Estas prioridades tenían como objetivo unir al país en el desarrollo social, lo que implica mayores inversiones públicas para combatir la pobreza y generar riqueza y bienestar social. En 2010 el país alcanzó un crecimiento económico record del 15,3 % del PIB.

En política internacional se produce un cambio sustancial, pasando de una política subordinada a una soberana, potenciando su participación en MERCOSUR, promoviendo UNASUR, estrechando las relaciones con Brasil, y otros países.

Sin embargo fue incapaz de superar las barreras para avanzar en una reforma agraria integral que pusiera fin al monopolio de las tierras por parte de una oligarquía beneficiada por la dictadura militar de Alfredo Stroessner (1954-1989). La base de la sociedad paraguaya es rural, lo que la diferencia del resto de sus vecinos, pero la política agraria y la cuestión campesina fueron las asignaturas pendientes del gobierno de Lugo.

Es por ello que, al condenar al nuevo gobierno paraguayo, los gobiernos y los progresistas del mundo, transcienden el aspecto formal y se centran en la ruptura de la democracia, del respeto a la voluntad expresada en las urnas que llevó el 15 de agosto de 2008 a la presidencia a Fernando Lugo. Porque a raíz de los desdichados y confusos incidentes durante el desalojo de una finca en Curuguaty, Lugo propuso constituir la comisión de investigación con la participación de la OEA para conocer la verdad de lo ocurrido. El entonces vicepresidente, no esperó ni siquiera a que esta se constituyera para romper con el gobierno, a diez meses de las elecciones generales, y provocar un juicio político al presidente.

Los socialistas y socialdemócratas tenemos un principio, que nos identifica desde que nació el movimiento y al que, pese a las necesarias adaptaciones históricas, jamás hemos renunciado, solo los medios justifican el fin. Lo contrario, que el fin justifica los medios se lo dejamos antes a los leninistas y ahora a los neoliberales y sus derivados.

Aceptar al nuevo gobierno equivale a aceptar el libelo acusatorio sobre el que se basó el juicio político por mal desempeño de sus funciones, promovido por los partidos de derecha y de extrema derecha, incluido el Partido Liberal, hasta unos días antes, miembro de la coalición gobernante. El libelo en el punto 2, contiene cinco acusaciones. Algunas corresponden a argumentos viejos, que fueron rebatidos en su momento, todas las alegaciones están cargadas de juicios de valor y calificaciones viscerales, sin ninguna prueba de mala gestión, en todo caso de hacer una política diferente a la que ellos hubieran hecho, o que hicieron durante más de un siglo. En el punto 3 titulado “Pruebas que sustentan la acusación”, nos encontramos con la guinda, amarga. Como es corta, se reproduce textualmente, ya que habla por sí sola del conjunto del libelo y de quienes lo promovieron: “Todas las causales mencionadas más arriba, son de publica notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente.”

Reconocer a este gobierno, equivale a aceptar el libelo, y admitir, por tanto, que el fin justifica los medios. Estados Unidos, el Vaticano y Alemania han sido los primeros en hacerlo.