Instituto Pablo Iglesias

Iole Ilíada (Partido de los Trabajadores, Brasil): “En la década de los 90 se nos dijo que había que hacer políticas para ganar la confianza de los mercados. El resultado: los problemas estructurales de América Latina como la pobreza, la corrupción y la desigualdad social, se agravaron”.

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América Latina ha reducido en la última década 12 puntos la tasa de pobreza, pero mantiene aún 177 millones de pobres y un 6 por ciento de indigentes, bolsas de población que solo podrán ser rescatados si los estados desarrollan políticas de cohesión social, para lo que es necesario que revisen la política fiscal y suban la tributación de los impuestos directos, en especial el de la renta de las personas físicas
 En esta idea coincidieron esta tarde los ponentes del panel “Cohesión social y desarrollo”, de la I Conferencia de Progreso Latinoamericano, organizada por la Fundación IDEAS. Moderados por el director de la FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas), intervinieron Anna Ayuso, investigadora del CIDOB (Centro de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona); José Goñi, ex ministro de Defensa Nacional de Chile; Iole Ilíada, secretaria de Internacional del Partido de los Trabajadores de Brasil; Pablo Pérez, gobernador del estado venezolano de Zulia; y Rafael Mezquita, ex ministro de Presidencia de Panamá. 

Hizo las veces de introductora Anna Ayuso, del CIDOB, quien señaló que “si bien no se puede negar que hay una tendencia en el recorte de las desigualdades, sin embargo, la reducción del índice de la curva de Gini es insuficiente, y no sigue la misma proporción, en relación al aumento en las tasas de crecimiento del PIB”. Asimismo llamó la atención ante el mantenimiento de “brechas más sutiles, como las internas de los países entre el campo y las ciudades, las de género y las que afectan a grupos vulnerables”. Ante ello, apeló al “fortalecimiento del Estado, primero como impulsor de la economía y después como garante de la cohesión social”. Por último, advirtió de la “urgente necesidad” de modificar el mercado laboral, “pues las multinacionales representan el 66% del PIB y solo el 20% del empleo, mientras que la economía informal, que genera un empleo que en algunos países está cercano al 50%, apenas equivale al 10% del PIB. Esto supone que el Estado pierde muchos ingresos”. 

En línea similar se posicionó el director de la FIIAPP, Antonio Fernández Poyato, quien avaló la eficacia de “programas focalizados contra la pobreza y la desigualdad”, que, para ser implementados, “requieren, y hay que decirlo claro, elevar la presión tributaria, muy débil en los impuestos directos”. Concluyó su intervención haciendo una llamada “a la defensa de lo público, pues sin Estado, bien financiado, no hay políticas públicas y, en consecuencia, no hay cohesión social”. 

Tras las introducciones de Ayuso y Fernández Poyato, tomó la palabra José Goñi, ex ministro de Defensa Nacional de Chile, quien puso el acento en la educación como la palanca para “elevar la productividad, clave del crecimiento, y a su vez financiadora de las políticas de cohesión social”. Goñi considera que, en líneas generales, la Democracia “sí está consolidada en la mayoría de los países de América Latina”, pero, “por el contrario, no lo están servicios básicos que ofrecen los estados democráticos consolidados como el acceso al agua potable, el alcantarillado y la electricidad”. 

Finalizó su intervención recordando que, de media, los países de América Latina destinan el 17% del PIB a gasto social, más de 10 puntos menos que la media de los países de la UE, “por lo que aún tenemos mucho margen de mejora”. 

Tras Goñi intervino Iole Ilíada, secretaria de Internacional del Partido de los Trabajadores de Brasil, quien centró su discurso en combatir las ideas fuerza del neoliberalismo: “En la década de los 90, a los estados de América Latina, también a Brasil, se nos dijo que la clave para crecer era ganar competitividad, reducir los costes del trabajo a cualquier precio, dar libertad a los mercados, conquistar su confianza como si fueran dioses a los que se deben sacrificios. El resultado fue nefasto. Todos los problemas estructurales de América Latina, tales como corrupción, desigualdad y pobreza se agravaron”. 

Para el caso concreto de Brasil, Ilíada entiende que “ahora, para seguir creciendo y reduciendo desigualdades, como ocurre desde 2003 con la llegada de Lula da Silva al poder, Brasil tiene que diversificar espacios comerciales y abordar una nueva política industrial que nos permita incorporar la I+D a nuestro sistema productivo”. 

Por su parte, Pablo Pérez, gobernador del Estado de Zulia por la Unión Nacional de Trabajadores, previstos para octubre, dedicó sus palabras a defender “políticas sociales inclusivas, que no dejen fuera a ningún colectivo, como ocurre ahora”, y se comprometió a que “el 35% del gasto se destine a asuntos sociales si gano los comicios. Es lo que ya hago en Zulia y lo que haría a nivel nacional”. 

Pérez también anunció que impulsará el proceso de descentralización de Venezuela, hará reformas para salvaguardar la independencia de los poderes públicos, redoblará el combate contra la violencia y “reinstitucionalizaré el país acorde a criterios de un estado de derecho con división de poderes, pues, sin estado realmente democrático, las instituciones no son creíbles y no se avanza en la inclusión social”. 

Ese mismo mensaje lanzó Rafael Mezquita, ex ministro de Presidencia de Panamá, quien aseguró que “toda América Latina, y en especial Centro América, tiene que combatir la corrupción e ineficacia de las instituciones, pues, en caso contrario, se ahonda la visión y percepción de los ciudadanos de que éstas no responden a los intereses de la mayoría y, sin credibilidad institucional, es imposible desarrollar políticas de cohesión social”.