Fundación Ideas para el progreso

Tal como han publicado algunos medios de comunicación en los últimos días, el Gobierno está ultimando el anteproyecto de la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, que puede ser aprobado en el primer Consejo de Ministros del nuevo curso político,  para enfrentarse posteriormente a la tramitación parlamentaria.

La nueva norma pretenderá hacer efectivo el “derecho a saber” de los ciudadanos, garantizando y facilitando el acceso de estos a toda información que sea elaborada o adquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y que obre en su poder. Las informaciones recogidas por la prensa apuntan, además, que no se trata únicamente de documentos, sino de la información en sí, cualquiera que sea su soporte.

La solicitud del ciudadano deberá realizarse ante el organismo competente en cada caso, el cual se vería obligado a responder en un plazo máximo de 30 días –prorrogables otros 30 en función del volumen o la complejidad de los datos solicitados- , con una resolución que indicará al interesado el proceso que debe seguir para obtener la información requerida.

Con la nueva legislación, el Gobierno español tratará de dar un paso más en la implementación del Gobierno Abierto, un concepto sobre el que viene trabajando con constancia la Fundación IDEAS y que se basa en dos principios básicos: la transparencia y la participación ciudadana. La apertura informativa de la Administración está íntimamente relacionada con la calidad demócratica de los estados, además de ser un derecho contemplado en los tratados internacionales como fundamental.