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El autor hace un balance de las repercusiones sociales generadas por la Ley de Matrimonio Homosexual y de las conclusiones que podemos extraer del intenso debate generado en torno a su aprobación.

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Hace ya casi seis años de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, después de que tras dos legislaturas de gobierno “popular” las y los ciudadanos españoles votaran mayoritariamente por el cambio, por un giro a la izquierda de nuestro país. La primera legislatura no fue en absoluto tranquila, el programa progresista de gobierno de Zapatero fue duramente atacado. Uno de los más claros ejemplos lo vimos durante el proceso de extensión del derecho al matrimonio a las parejas homosexuales, cuando se organizó un importante movimiento de oposición a esta medida. Esta oposición no era algo coyuntural ni superficial, sino más profunda, pertenecía al dominio de los valores, la moral y, podríamos llegar a decir, de la religión.

Durante el debate social y político que se generó había dos posturas enfrentadas. Por un lado la que consideraba que la legalización de los matrimonios homosexuales constituiría un importante avance social, que contribuiría a lograr la igualdad real de los ciudadanos heterosexuales y homosexuales.

Por otro lado, estaba la postura según la cual el término matrimonio se refiere de forma exclusiva y excluyente a la unión de un hombre y una mujer. Por tanto la aprobación de la nueva definición de matrimonio devaluaría y desnaturalizaría el matrimonio tradicional. Atentando, de este modo, contra una institución básica de la sociedad como es la familia.

Finalmente, tras largos debates tanto en el Parlamento como con la sociedad civil, el 30 de Junio de 2005 fue aprobada la Ley 13/2005 por la que se legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Citando textualmente a José Luis Rodríguez Zapatero, “Hoy la sociedad española da una respuesta a un grupo de personas que durante años han sido humilladas, cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, su identidad negada y su libertad reprimida. Hoy la sociedad española les devuelve el respeto que merecen, reconoce sus derechos, restaura su dignidad, afirma su identidad y restituye su libertad”.

Más de cuatro años después, es un buen momento para hacer balance de las repercusiones sociales generadas por esta ley y de las conclusiones que podemos extraer del intenso debate generado en torno a su aprobación.

El PSOE tenía la firme intención de posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ejercicio de cuantos derechos conlleva, en igualdad de condiciones con otras formas de matrimonio, para asegurar la plena equiparación legal y social de lesbianas y gays, y eso no era ningún secreto. Hacía tiempo que desde el partido se defendía la igualdad total de todas las personas con independencia de su orientación sexual y, finalmente, esto se plasmó en el programa electoral socialista de 2004.

Sin embargo, es cierto que cuando comenzó el proceso de elaboración y aprobación de la ley ciertos sectores de la sociedad española iniciaron una fuerte campaña de oposición a la legalización de los matrimonios homosexuales. Esta campaña fue liderada por grupos católicos como el Foro Español por la Familia, y contó con el apoyo de la jerarquía eclesiástica y del Partido Popular. Se organizaron un gran número de actos públicos, incluidas manifestaciones con un número importante de asistentes, entre ellos 18 obispos, el arzobispo Antonio María Rouco Valera, e importantes dirigentes “populares”.

Durante los actos públicos contra la ley, se gritó, se exigió que no fuese aprobada la ley. El principal argumento era el de que el término matrimonio sólo podía referirse a las uniones heterosexuales, y que ampliar su definición para incluir a las parejas homosexuales debilitaría el matrimonio tradicional, constituyendo un grave ataque a uno de los principales cimientos de la sociedad: la familia. Por lo tanto, el matrimonio homosexual era un ataque a la sociedad, cuyas consecuencias serían nefastas para nuestro país.

Además de ese “leitmotiv” había otros argumentos como el de que abriría la puerta a la poligamia, o el de la supuesta inestabilidad y promiscuidad de las parejas homosexuales que les inhabilitaría para casarse. Si profundizamos en el grado de integrismo de los grupos, podemos encontrar incluso los que defienden que el “lobby homosexual” no busca poder contraer matrimonio, sino que su objetivo es destruir el matrimonio heterosexual.

Eso sí, a pesar de todo ello siempre insistían en su respeto de los homosexuales. Por ejemplo, el mismísimo Benigno Blanco, Presidente del Foro por la Familia, señalaba en un chat en El Mundo que la visión del matrimonio que ellos defienden no discrimina a nadie. La explicación es muy fácil, los homosexuales podrían casarse, siempre y cuando lo hagan con personas del sexo opuesto. Curiosa forma, cuando menos, de respeto a las personas atraídas por la gente de su mismo sexo.

Después de más de cuatro años, ya va siendo hora de que estos opositores al matrimonio homosexual alcen su voz para mostrarnos, pruebas en mano, cómo la extensión del matrimonio ha atacado y debilitado a la familia tradicional. Porque por ahora los adalides de la familia tradicional y tradicionalista no lo han hecho, y me atrevo a decir que nunca lo harán, y no porque estén ocupados actualmente en tratar de impedir que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo.

No, no lo harán porque nunca podrán demostrarlo, porque su oposición se basa únicamente en su moral religiosa, en la concepción de la homosexualidad como una pecaminosa enfermedad, y no en hechos y argumentos racionales. Y es que donde esté la Fe, que se quite la razón. Por eso está pasando lo mismo que ha sucedido con todos los avances sociales tan duramente criticados por la derecha y los representantes de Dios en la Tierra, que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles lo asumen como algo totalmente lógico, justo, normal e irreversible. Ya pasó con el divorcio. Ahora, como muestran los datos del CIS en varios estudios (por ejemplo en el E2568, en el E2745, o en el E2753), la mayor parte de los españoles aprueba claramente el matrimonio homosexual, y más adelante ocurrirá lo mismo con la nueva ley para la interrupción voluntaria del embarazo.

Esto demuestra que, por mucho que haya que aguantar la oposición sistemática de la Iglesia y de los sectores más involucionistas de la derecha, se puede y se debe avanzar socialmente sobre la base de dos principios fundamentales: la libertad y la igualdad. No hay que tener miedo a desarrollar leyes progresistas. La sociedad española es una sociedad mayoritariamente abierta y tolerante, por eso los progresistas hemos de trabajar para seguir extendiendo derechos civiles, sin miedo. Porque aún queda mucho por hacer, como por ejemplo abrir un verdadero debate sobre la posibilidad de regular y permitir el derecho a morir dignamente. Ya lo dijo Ramón Sampedro, “Una libertad que quita la vida no es libertad. Una vida que quita la libertad no es vida”.