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Desde que a finales del pasado mes de enero, el Gobierno anunciara que tenía intención de plantear un debate abierto a la sociedad sobre la reforma del sistema de pensiones a fin de garantizar su sostenibilidad en el medio plazo, hemos asistido a todo un cruce de declaraciones, reacciones, matizaciones y manifestaciones de todo tipo que no siempre han venido a arrojar luz al problema de fondo, más al contrario han traído desasosiego a un análisis que debe ser sereno.

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Desde que a finales del pasado mes de enero, el Gobierno anunciara que tenía intención de plantear un debate abierto a la sociedad sobre la reforma del sistema de pensiones a fin de garantizar su sostenibilidad en el medio plazo, hemos asistido a todo un cruce de declaraciones, reacciones, matizaciones y manifestaciones de todo tipo que no siempre han venido a arrojar luz al problema de fondo, más al contrario han traído desasosiego a un análisis que debe ser sereno.
 

La tipología anglosajona de Periodismo acuñó a mediados del siglo XX la ya célebre frase “los hechos son sagrados, las opiniones libres”, y bien podría aplicarse este aforismo para explicar a la ciudadanía en primer lugar cuáles son los datos reales de la demografía española, antes de dar paso a la interesada cascada de liturgia política y manuales de argumentario.
 

Y los hechos son sagrados. Y poco halagüeños. Según el estudio “Proyección de la Población de España a Largo Plazo, 2009-2049”, hecho público por el Instituto Nacional de Estadística el pasado 28 de enero, de mantenerse las tendencias y comportamientos demográficos actuales en cuanto a tasa de fecundidad (1,7 hijos por mujer en el mejor de los casos), mortalidad (84,3 años de media de vida para varones y 88,89 para mujeres en 2049), y sobre la base de un flujo inmigratorio anual de 400.000 personas, el crecimiento de la población española será progresivamente decreciente en las próximas décadas, de tal forma que España rozará los 48 millones de habitantes en 2049, un aumento de 2,1 millones en 40 años.
 

Pero los datos reveladores, “sagradamente reveladores” de la necesidad de reforma del sistema son dos: primero, que el grupo de edad de mayores de 64 años se duplicará en tamaño y pasará a representar el 31,9% de la población española debido al envejecimiento de la pirámide poblacional; y segundo, que, por el contrario, la población de 16 a 64 años se verá disminuida en más de medio millón de efectivos. El cruce de estas variables perfila un escenario para 2049 en el que por cada 10 personas en edad de trabajar habrá 9 potencialmente inactivas (menor de 16 o mayor de 64 años). Es decir, la tasa de dependencia se elevaría del 47,8 por ciento actual al 89,6 por ciento.
 

Con estos datos, la propuesta, y por el momento solo propuesta, del Gobierno de elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años (dos meses por año desde 2013 a 2025) parece sensata y, en cualquier caso, supone el punto de partida para iniciar un debate sereno. Parece evidente que habrá que introducir elementos de discriminación positiva para profesiones de riesgo y para aquellas cuyo desarrollo requiera un esfuerzo físico difícilmente asumible a partir de ciertas edades. También habrá que estudiar fórmulas para aumentar la cotización, bien ampliando el periodo de cálculo (actualmente en 15 años), bien aumentando el porcentaje a detraer mensualmente de la nómina, bien introduciendo tasas a mayores a los beneficios empresariales.
 

El asunto se presta mucho a tirar de demagogia, pues de partida ningún trabajador, sobre todo el que trabaja por cuenta ajena, acepta de buena gana trabajar 2 años más o que le alarguen el periodo de cálculo, lo que, en la mayoría de los casos, redundará en una disminución de la cuantía de la pensión.
 

Si a todo ello se unen los privilegios parlamentarios (máxima cuantía de pensión por cotizar solo 7 años cuando un trabajador necesita 35) y prejubilaciones escandalosas (empresas estatales o privatizadas pero que procedían de situación de monopolio han despedido en los últimos años, con el aval y el corifeo sindical, a trabajadores de hasta 52 años respetándoles más del 90% del sueldo), se antoja fácil atizar bajas pasiones. Y así las ramas no dejarán ver el bosque.
 

Más allá de todo, tal vez la postura más incongruente sea la expresada, a medias, por el Partido Popular. Desde hace al menos una década a favor de la ampliación de la edad de jubilación, ahora se refugia en un silogismo de parvulario: la incapacidad del actual Gobierno ha llevado a España a 4 millones de parados, si se reforma el mercado laboral si, entre otras medidas, se buscan disfraces para camuflar el abaratamiento del despido) habrá más contrataciones y, como trabajará más gente, la hucha de la Seguridad Social volverá a engordar. Y así evitamos enfrentar el problema de fondo. De datos sagrados sustanciales, que deberían dar paso a reflexiones de fondo, nos quedamos en opiniones, no tanto libres, sino al libre albedrío de la aritmética electoral.
 

De desmontar ese razonamiento, si no pueril por lo menos sesgado e incompleto, se ha encargado, sin saberlo, el octogenario José Barea, Catedrático Emérito de Hacienda Pública en el Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid y otrora oráculo económico del Partido Popular. De hecho, fue Director de la Oficina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno durante la primera legislatura de José María Aznar, sin rango de Ministro, pero con más poder de decisión que muchos de ellos. Según Barea, el problema del sistema de pensiones en España es estructural y, ante la próxima jubilación de la generación del baby-boom, ni siquiera aunque todo la población activa tuviera trabajo (o hubiera tasas de desempleo menores del 5%, que se considera pleno empleo), habría dinero para pagar las pensiones si no se acometen reformas de calado estructural. De acuerdo o no con él, es una opinión sólida fruto del análisis de datos sagrados. Y toda una “peineta” a la posición de Rajoy.