Fundación Ideas para el progreso

El autor analiza el debate político que suscita el problema de la financiación local dado el importante número de ayuntamientos endeudados en España.

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La financiación de las entidades locales es una de las cuestiones que más encendidos debates suscita en el panorama político inmediato. Y no es para menos. Por una parte los Ayuntamientos asumen, en algunos casos, competencias que normativamente no les corresponden y que engullen el 30% de su presupuesto, por lo que no están financiadas correctamente y dicha circunstancia provoca desfases contables considerables. Por la otra, los Consistorios se habían servido hasta fechas recientes de una práctica poco recomendable (aunque comprensible hasta cierto punto dada su irregular financiación), según la cual una importantísima parte de sus ingresos derivaba de la expedición de licencias urbanísticas y, en consecuencia, del planeamiento que se promulgara en la materia. La experiencia nos ha demostrado que de esta manera se pervertían algunos aspectos de la normativa aplicable, propiciando una deplorable situación a la que sólo recientemente se ha puesto freno.  Pero al margen de la precisa aprobación de una Ley de Financiación de Entidades Locales que solucione este grave problema y cuyo debate no debe demorarse más, es necesario proponer también una reflexión que no incumbe a las normas y las instituciones locales, sino a las personas que las gobiernan.

El concepto de la palabra “gestión” es asumido por algunos políticos municipales como una suerte de bendición para gastar sin límite un dinero que no se tiene. Y con ello no me refiero, naturalmente, a las necesarias operaciones de crédito que, dentro de los márgenes empresariales y normativos, son esenciales para garantizar la inversión de las Corporaciones Locales.

Estoy señalando a aquellos que con el fin de acometer un programa electoral ya de por sí desproporcionado, justifican en uno o dos años el gasto de toda una legislatura contra todo sentido común, o bien formulan propuestas más encaminadas a resultados estéticos que no responden a las verdaderas carencias locales.

Tampoco son pocas las ocasiones en las que se confecciona un decálogo de promesas que comprometen no sólo las arcas municipales, sino también la intervención de otras instituciones ajenas al municipio con cuya anuencia no se ha contado a la hora de plantearlas, como los gobiernos autonómicos o, incluso, ciertos Ministerios. Entiendo, pues, que el vocablo gestionar debe ser entendido como la capacidad de distribuir los recursos con los que uno cuenta de manera eficiente. Ése es el verdadero gestor, capaz de decir “no” a lo que no puede acometerse por mucho temor que se tenga a perder electores por tal motivo, y de ejecutar sólo las necesidades que el municipio puede permitirse.

En consecuencia, y ahora que se ha generado el diálogo para encaminar nuestro modelo económico hacia la sostenibilidad económica y social, debemos entender que ésta no sólo pasa por la promulgación de una determinada normativa basada en dichos criterios, sino también por una reeducación en materia de eficiencia económica y financiera de las personas que deben llevar a cabo el mandato que los ciudadanos han depositado en ellos.

Naturalmente, soy plenamente consciente de que ésta circunstancia afecta únicamente a pocos gestores municipales y que la gran mayoría de regidores llevan adelante cada día sus Ayuntamientos con los pocos recursos de los que disponen de una manera casi milagrosa.

Pero no es menos cierto que el volumen de endeudamiento generado por aquellos que no han mostrado la responsabilidad que se les suponía, ha deparado que algunas de las medidas que se han adoptado recientemente y que afectan a las Entidades Locales, haya perjudicado a todas por igual.