Fundación Ideas para el progreso

El Presidente de la Delegación Socialista española en el Parlamento Europeo y colaborador de la Fundación IDEAS, Juan Fernando López Aguilar, hace balance del mandato español.

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La Presidencia española debía haber puesto en marcha los compromisos alcanzados en la Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático, pero heredó su resultado insatisfactorio y asumió la tarea de aplicar lo que se desprendía de Copenhague, y, sobre todo, y en un momento de claro pesimismo, revitalizar la negociación internacional para alcanzar un acuerdo jurídicamente vinculante en Cancún. En ese contexto, la Comisión presentó una Comunicación que, debatida primero en el Consejo de Medio Ambiente, conllevó después la adopción de un proyecto de resoluciones en el Consejo Europeo de marzo, en el que, además, se validó el impulso a la negociación internacional.    

La Presidencia española ha llevado al orden del día del Consejo de Junio el debate sobre asuntos relacionados con la cooperación al desarrollo (lo que sucederá por primera vez en la historia de la Unión), con el objeto último de consensuar una posición europea de cara a la Conferencia de Nueva York en el próximo septiembre sobre la revisión de los Objetivos del Milenio. En el Parlamento Europeo se han aprobado una serie de Informes sobre impacto de la crisis financiera y económica sobre los países en desarrollo (Informe Guerrero), sobre la coherencia en las políticas de desarrollo, y sobre el grado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con propuestas concretas en línea con la posición española. 

En este ámbito debe subrayarse también el papel desempeñado en la grave crisis humanitaria de Haití, ampliamente reconocido por la comunidad internacional, y ante el terremoto de Chile.  

En el campo de la dinamización de las relaciones exteriores y comerciales, la Presidencia ha cumplido un amplio catálogo de objetivos positivos para la Unión y de significación especial para España. El semestre ha sido útil para reequilibrar en cierta medida el mapa de intereses exteriores de la Unión, desplazado hacia el Este tras las ampliaciones y el establecimiento de la política de vecindad, al poner el foco en las relaciones con América Latina y el Caribe. Ello tiene efectos indiscutiblemente favorables para los parámetros de la política exterior española, para el refuerzo de la posición española dentro de la Unión, para la mayor dimensión del papel global de ésta y para los intereses económicos de América Latina y el Caribe.  

En la Cumbre UE-ALC, celebrada en Madrid en el mes de mayo, se ha firmado el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, que llevaba negociándose desde 2007, y en el que ha habido que sortear los obstáculos planteados sobre las bananas sin merma de los intereses de los productores canarios, así como los problemas relativos a la situación hondureña. De igual manera, se ha alcanzado un Acuerdo Multipartes con Colombia y Perú, al que pronto podría sumarse Ecuador. Un acuerdo que orilla en gran medida las dificultades para alcanzar un Acuerdo de Asociación con la Comunidad Andina como consecuencia de las divergencias producidas en el seno de ésta, pero que no cierra puerta alguna a las negociaciones para alcanzar finalmente un Acuerdo de Asociación birregional.  

Asimismo, hemos conseguido que se relancen las negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, iniciadas en 2000 y estancadas desde 2004. Cabe subrayar que se trata del acuerdo birregional más ambicioso del mundo, pues sumaría 700 millones de personas, con un gran bloque en términos de PIB para el que la Unión supone el primer socio comercial y el origen de cerca del 60% de la inversión extranjera. 

En la Cumbre, a la que se ha apoyado desde el Parlamento con la reunión de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, se ha aprobado también la creación de la Fundación Eurolac, y se ha adoptado un Mecanismo de Inversión pata América Latina, un logro reseñable propuesto por los ponentes españoles en el Parlamento Europeo. 

Se ha progresado igualmente en el semestre con el refuerzo de los Acuerdos de Asociación existentes, dando luz verde al Plan Estratégico con México y a la Asociación para el Desarrollo y la Innovación con Chile.  

Durante nuestra Presidencia se ha procedido a la revisión del Acuerdo de Cotonú de la UE con los países de África, Caribe, Pacífico (ACP) que, en su conjunto suponemos casi la mitad de los países del mundo. El Consejo adoptará la decisión para la firma del Acuerdo prevista para el Consejo Conjunto ACP-UE de 22 de junio en Burkina Faso. La Asamblea Parlamentaria ACP-UE se reunió en Tenerife en el mes de marzo, aprobándose resoluciones específicas sobre las bananas y sobre las regiones ultraperiféricas.  

Cabe destacar finalmente la celebración de un gran número de Cumbres bilaterales, con Japón, Canadá, México, Chile, Cariforum, Comunidad Andina, Mercosur, América Central, Rusia, Pakistán, etc. Entre ellas destaca, por su significado estratégico para la Unión y para España, la celebrada con Marruecos, primer país del sur del Mediterráneo y primer país árabe que celebra una Cumbre con la UE, que ha supuesto un paso relevante en la consolidación del Estatuto Avanzado de Marruecos con la UE y en la preparación de la negociación de libre cambio.   En lo que concierne a la Ampliación, la Presidencia ha dado un empuje prácticamente definitivo a las negociaciones con Croacia para su integración, y se ha avanzado en la preparación de negociaciones con Islandia.  

En lo que concierne al Servicio Europeo de Acción Exterior, su puesta en marcha ha sido considerada desde el primer momento por nuestra Presidencia como un objetivo de primer orden, tanto para el desarrollo mismo de las nuevas instituciones de la Unión como para la dotación a ésta del instrumento necesario para el despliegue de su actividad internacional. Nuestra Presidencia ha trabajado intensamente para propiciar el consenso sobre la base de la propuesta presentada por la Alta Representante, tanto en el seno del Consejo, a partir de la orientación política alcanzada en el Consejo de Asuntos Generales de abril, como, de manera muy activa, en la negociación con el Parlamento.  

Mientras no se ponga plena y efectivamente en marcha el SEAE (el Parlamento, que no es competente para su puesta en marcha, pero que tiene que aprobar en co-decisión las modificaciones de los reglamentos de personal y financiero, no abordará una negociación final hasta conocer con precisión las propuestas sobre ambos aspectos), España ha asumido y ha sumido hasta el final de la Presidencia determinadas tareas para asistir a la Alta Representante en el desempeño de sus funciones de gestión de la PESC, que ha dejado de corresponder a la Presidencia Rotatoria. Asimismo, nuestras embajadas han asumido la representación de la Unión en los países terceros donde no existe una Delegación de la UE. Bajo la autoridad de la Alta Representante, nuestra Presidencia también ha mantenido la presidencia de los grupos de trabajo del Consejo en lo que concierne a relaciones exteriores.        

4. El impulso de la ciudadanía europea. 

Una línea fundamental de acción que se propuso nuestra Presidencia conlleva el desarrollo de la ciudadanía en dimensión europea, promoviendo su participación directa en el funcionamiento de la Unión, reforzando el ejercicio de sus derechos, garantizando mejor su seguridad, avanzando en la igualdad y luchando contra la discriminación y la violencia de género. 

En desarrollo del Tratado de Lisboa en lo que concierne a la participación directa de los ciudadanos se ha iniciado la regulación de la Iniciativa Ciudadana. A petición directa de la Presidencia, la Comisión adelantó sus planes y presentó una propuesta legislativa a finales de marzo, que ha sido discutida en el Consejo de Asuntos Generales en varias ocasiones. El pasado 14 de junio se alcanzó un texto de orientación general en el Consejo.  

La Presidencia ha trabajado también para hacer efectiva la ampliación del número de miembros del Parlamento Europeo de acuerdo con el Tratado de Lisboa, y de su atribución a los países a los que corresponden y que, con la sola excepción de Francia, establecieron disposiciones para adscribirlos en función de los resultados electorales de 2009. El Parlamento Europeo ha respondido, a requerimiento del Consejo, que puede abordarse la necesaria reforma a través de una Conferencia Intergubernamental, cuya celebración se resolvió en el Consejo Europeo de junio. Se ha abierto un plazo para la ratificación por parte de los 27 Estados miembros. Cuando esta ratificación se complete entrarían en vigor con plenitud los derechos de los 18 diputados.   

Para la mejor garantía de los derechos de los ciudadanos, el Parlamento Europeo ha aprobado el Informe de Adhesión de la Unión al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos.Ello ha permitido que el Consejo haya acordado un mandato de negociación para dicha adhesión que ahora corresponde iniciar.  

En el ámbito de la seguridad, se ha adoptado el Plan de Acción del Programa de Estocolmo, que comprende las actuaciones del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia a desarrollar entre 2010 y 2014. Por parte del Consejo de Justicia e Interior, se aprobó en febrero la Estrategia de Seguridad Interior, que refuerza la cooperación judicial, la gestión de fronteras, la protección civil y la respuesta a catástrofes. Para la aplicación de dicha Estrategia y bajo nuestra Presidencia, se ha creado el Comité de Seguridad Interior (COSI), que ha celebrado ya varias reuniones. Finalmente, se ha preparado también la primera evaluación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. 

Tras el rechazo del Parlamento Europeo al acuerdo interino de transferencia de datos bancarios con Estados Unidos, conocido como SWIFT,  tanto por razones de contenido pero muy especialmente por la desidia de la Presidencia sueca de incorporar al Parlamento Europeo al proceso negociador, nuestra Presidencia  se comprometió a trabajar conjuntamente con la Comisión y con el Parlamento para alcanzar un acuerdo satisfactorio que, con garantía para los derechos fundamentales, sea útil en la lucha contra el terrorismo. En marzo, la Comisión aprobó una Recomendación al Consejo para autorizar la apertura de negociaciones con Estados Unidos, sobre cuyo mandato se ha pronunciado ya el Parlamento en Comisión LIBE y en Pleno. Después de duras negociaciones hemos conseguido un gran triunfo del Parlamento Europeo, sobre todo gracias a la paciencia y buen trabajo de la Presidencia que, con diferencia de la anterior ha tenido muy en cuenta los nuevos poderes que le ha otorgado Lisboa, consiguiendo reabrir las negociaciones, que sus requerimientos se incluyan en la Decisión adoptada y que se haya concluido en un tiempo récord.   

En el ámbito de la igualdad y de la lucha contra la discriminación y contra la violencia de género, se han producido distintos avances, aún cuando en muchas circunstancias se ha tenido que contrarrestar alguna incomprensión, cuando no frenos, procedentes de la Comisión y de la conformación de mayorías conservadoras en el Parlamento.  

Entre nuestras propuestas para la lucha contra la violencia de género figuraban: la creación de un Observatorio Europeo, a la que ha dado apoyo el Consejo para que se establezca “basándose en las estructuras institucionales existentes”; la aprobación de la Orden de Protección Europea, que deberá permitir que cualquier medida de protección dictada por un Estado miembro se ejecute automáticamente en cualquier otro de la UE al que la víctima se traslade, y en torno a la base legal de la cual se ha confrontado una mayoría de países del Consejo frente a la Comisión y a un grupo minoritario de países miembros con capacidad potencial de bloqueo, pero que finalmente la Presidencia española, en cumplimiento de su compromiso, ha remitido al Parlamento para su consideración y eventual aprobación definitiva, lo que podría plantearse en el Pleno de julio; finalmente, las conclusiones del Consejo atribuyen a los Estados miembros el fomento de la creación de un número de teléfono común y gratuito para ofrecer información y asistir a las víctimas.  

5. La revisión de las políticas para el futuro de la Unión. 

Además de lo relativo a las Líneas Directrices Integradas en relación con la Estrategia 2020, en el ámbito del empleo se han producido avances en numerosos temas. Se ha aprobado la Propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un Instrumento europeo de microfinanciación para el empleo y la inclusión social. Se ha avanzado en el proceso co-legislativo referido a la Directiva del Consejo sobre el procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar, con un conjunto común de derechos, en el territorio de un Estado miembro, así como en la Directiva del tiempo de trabajo en el sector del transporte por carretera. La Presidencia, además, ha animado el debate la consulta social en la Directiva de Tiempo de Trabajo, la Directiva de Trabajadores Desplazados y en la Revisión Intermedia de la Estrategia Comunitaria de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012).   

La Presidencia española se ha planteado seriamente el futuro de la Política Agrícola Común, la competitividad de la agricultura y la industria agroalimentaria, continuando el proceso de reflexión articulado en torno a tres objetivos: la seguridad alimentaria, para proveer de forma sostenible de alimentos de calidad y en cantidad suficiente a una población creciente; el reto medioambiental y la lucha contra el cambio climático; y la lucha contra la crisis y la conformación del nuevo modelo de crecimiento. Se ha conseguido introducir la PAC entre los objetivos de la Estrategia 2020 donde no figuraban inicialmente, y en el reciente Consejo Informal de Mérida, centrado en la reflexión global sobre la reforma de la PAC post-2013, se ha planteado la revisión de los grandes bloques de la PAC bajo el prisma de aquella Estrategia. 

La Presidencia ha estado directamente asociada a la elaboración y tramitación de la primera Directiva aprobada en primera lectura tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la relativa a las normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados a trasplantes y el Plan de Acción de donación y transplantes, que en esencia ha asumido el modelo español que se basa en la eficiencia organizativa y de gestión del sistema sanitario. Además de salvar más de 20.000 vidas al año, se trata de combatir el tráfico de órganos. En cuanto a la Directiva de asistencia sanitaria transfronteriza, los ministros de Salud de la Unión Europea, reunidos el 8 de Junio en el Consejo europeo de empleo, política social, sanidad y consumidores (EPSSCO) en Luxemburgo, dieron el visto bueno a esta  propuesta de directiva que presentó la ministra española de Sanidad y Política Social. 

En conclusión, España ha vuelto a ejercitar plenamente a la altura de su responsabilidad la Presidencia de la Unión Europea, siendo evidente que lo ha hecho en las peores circunstancias que ha conocido no ya ninguna Presidencia rotatoria de la Unión Europea con  anterioridad, sino la propia Unión Europea a lo largo de su historia.